sábado, 27 de noviembre de 2010

El sexenio que caduca.

Armando Charles

21 de noviembre de 2010.
Tal vez sea oportuno reseñar, en 10 puntos, que el sexenio que caduca llevó, en sí, derroche, ineficiencia y cierta dosis de tacañez. La transparencia brilló por su ausencia, el compromiso con la legalidad dejó mucho qué desear y la libertad de expresión no lo fue tanto, por el peculiar estilo de gobernar del residente de casa de Gobierno.

Aunque la propaganda oficial repita el estribillo de que “en Tamaulipas avanzamos”, la realidad revela algo distinto. Veamos:

1.- El derroche.-
No hubo moderación en sueldos, compensaciones, viáticos, lujos y privilegios de los altos funcionarios públicos, ni sobriedad en la difusión de la propaganda gubernamental, siendo evidente la promoción personalizada del Gobernador. Las cabalgatas, moto rallys, y otros eventos superfluos, fueron gustos del gobernante.

2.- La ineficiencia de finanzas poco sanas.-

A pesar del mega endeudamiento de 7 mil millones de pesos, contratado entre gobierno del estado y la banca comercial en los últimos dos años (y pagadero en 20), no se sabe si se construyeron, o no, todas las obras pretendidas en el Programa Estatal de Infraestructura.

Ningún gobernante había comprometido tanto y en tan breve tiempo las finanzas públicas estatales, como si vivir de prestado -y heredar la deuda a otros- fuese responsable.

Toda una generación tendrá deuda, y así, los próximos gobiernos, (con sus respectivos intereses, gastos y accesorios). Sin embargo, desde palacio dicen tener finanzas sanas.

3.- El mito de la transparencia.-

El caso es que, ya endeudado, el pueblo ni siquiera sabe el costo de cada obra, los contratistas y proveedores que participaron, los nombres de los socios, ni las condiciones pactadas en cuanto a precio, calidad y oportunidad.

El gobernante ha omitido informar, respecto de cada obra, los porcentajes de aportación de la federación, del estado, los municipios o los particulares, y cuál sería la participación de estos, en su caso.

Tampoco hay desglose de cuánto invirtió el estado de sus recursos no-provenientes del financiamiento. Recordar que, en 2008, presumía de más de 48 mil millones de pesos para infraestructura, en una mezcla de recursos.

Al parecer, el Gobernador no ha difundido públicamente el contenido de los contratos, fideicomisos y demás instrumentos jurídicos utilizados en la estrategia de financiamiento autorizada por el Congreso.

Y, el colmo de la opacidad: El pueblo desconoce aún el régimen de propiedad de los inmuebles de las obras edificadas, sus antecedentes, y el precio o forma de adquisición. Un ejemplo: Los edificios del parque bicentenario de esta capital no aparecen en el listado de inmuebles propiedad del gobierno del estado, publicado en su página web.

Saludable sería que en el Acta de Entrega-Recepción que suscriban el Gobernador saliente y el entrante, hagan constar el contenido y datos de tales contratos, fideicomisos, instrumentos de deuda, obras e inmuebles.

Y que se publiquen de inmediato, para cumplir el principio constitucional de máxima transparencia.

Otra cuestión que se debería transparentar es, ¿por qué gobierno del estado contrató tal eudeudamiento con la banca privada y no con la banca de desarrollo?, ¿qué ventaja hay en eso, y para quién?

4.- La tacañería oficial.-

Paradójicamente, si hay algo en lo que gobierno del estado no gasta lo que debiera es precisamente en asuntos de política social.

Hay una clara tendencia de los poderosos gobernantes a realizar los menores gastos posibles en todo aquello que no represente negocio o beneficios electoreros. Piensan como empresarios neoliberales, o como políticos de partido, pero no como servidores públicos, ni como estadistas.

Así, cuando de satisfacer las necesidades populares se trata, el gobierno de Tamaulipas administra con escasez y poca imparcialidad los recursos públicos que están a su disposición. Como si fueran de su propiedad.

5.- Sin pretexto aparente.-

A propósito: La propuesta de algunos diputados de crear la Ley de pensión universal para adultos mayores, probablemente se topará con la actitud cerrada y evasiva del Gobernador, y de algunos diputados priistas.

No extraña esa falta de solidaridad con los pobres, de quienes -en su privilegiada situación económica- no han sufrido ni sufren carencias. Quizá los ricos y poderosos coman a gusto en sus mesas, no obstante saber que otros no tienen lo indispensable; pero, como que en Tamaulipas no se gobierna para el pueblo, ni por el pueblo.
No basta abrazar abuelitos para la foto del recuerdo. Urge garantizar sus derechos a la alimentación, salud y vivienda.

En cambio, sin pretextos de escasez presupuestal, otros gobiernos ya establecieron –por ley- apoyos económicos directos para las personas de la tercera edad. Y no solo eso, sino, además, toda una serie de beneficios sociales universales. De esos que, en Tamaulipas, ni en sueños existen.

6.- Verticalismo. La democracia ausente.-

En el sexenio que está por concluir, el Gobernador, en ningún momento consultó al pueblo su opinión sobre el Programa Estatal de Infraestructura, ni preguntó qué obras habría de construir. Tampoco convocó a plebiscito alguno para ese efecto, y mucho menos sobre la posibilidad de endeudarse.
El Gobernador impuso cada una de estas medidas sin los debidos consensos, al amparo de decretos expedidos por un Congreso controlado por él mismo. El verticalismo funcionó, y -de pronto- el pueblo amaneció endeudado.

7.- Cuentas y cuentos: La ilegalidad como premisa.-

No hubo legalidad en el enroque de funcionarios dependientes del Ejecutivo en puesto clave de la Auditoria Superior del Congreso del Estado, y viceversa.

El “chapulineo” adquirió grave dimensión, evidenciando que no hay mejor cuento que el de la división de poderes, escrito magistralmente por los gobernadores en turno.
Pero, difícilmente habrá compromiso con la legalidad, si, en el manejo de los caudales públicos, los gobernantes salientes procesan sus cuentas, utilizando subordinados felizmente ubicados en cargos de fiscalización.

Por ejemplo: ¿Quién presentaría el informe de resultados sobre la cuenta pública anual 2009 (del poder ejecutivo) y quién presentará el informe de resultados 2010?
¿En manos de quién están las finanzas públicas? ¿Cómo fiscalizarán en Auditoria Superior los fideicomisos e instrumentos jurídicos de la deuda pública? ¿Quién vigila al vigilante: un Congreso sometido?

8.- La libertad limitada.-

Todo indica que gobierno del estado aplicó la política de premios y castigos a los medios masivos de comunicación, dependiendo de la línea editorial o de la relación con los editores. El resultado es una libertad de expresión aparente en muchos sentidos, dado que el derecho fundamental de los lectores a estar bien informados del cotidiano acontecer no se ejerció en las mejores condiciones.

Los elogios de los medios y de algunos columnistas fueron bien vistos desde el poder; las críticas, no tanto.

Sobre este y otros temas torales del derecho y de la política hay material de sobra, que sería prolijo enumerar en un espacio tan reducido.

Baste citar, por ahora, el principio 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en respaldo a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión:

“La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.”

Si se alcanza, o no, el estándar internacional de calidad de la democracia en Tamaulipas, queda al prudente juicio del lector.

9.- El ocaso del sexenio.-

Si, aún así, sesudos analistas políticos vieren cara de presidenciable al góber tamaulipeco, o con un futuro promisorio en la política nacional, -como si hubiese estado en una cápsula del tiempo y ninguna participación hubiere tenido cuando lo de Madrazo y Labastida-, tendrían que preguntarse, y responder con objetividad:
¿Acontecerá -en 2012- lo que en las elecciones federales de 2000 y 2006?

10.- Consideraciones adicionales.-

Como para la fecha del informe, y subsecuentes, es probable que algunos diputados estarán pensando más en su aguinaldo y eventual bono de salida, o en trascender la nómina sexenal, que en exigir al gobernante rendición de cuentas, pienso que los ciudadanos debemos conocer y analizar exhaustivamente el contenido del documento y sus anexos, una vez que se presente ante el Congreso, esperando lo publiquen de inmediato y no lo reserven para un evento posterior.